No quiero llegar a imaginar el calvario por el que ha tenido que pasar el vecino de A Barcala en el municipio de Cambre (A Coruña) tras haber sido denunciado por su ex-esposa por violencia de género. La mujer acudió a comisaría no solo a contar que su esposo la maltrataba, sino que también traficaba con droga, según explicó la acusación pública en el escrito de calificación.


Así, la policía acudió al domicilio del matrimonio, en A Barcala, sobre la una de la tarde del 17 de mayo del 2006. Los intrépidos agentes hallaron en el inmueble un "importante alijo" consistente en 30 semillas de cannabis y resina de la misma sustancia, con un peso neto de seis gramos «que el imputado tenía preparada para su distribución y por cuya venta al por menor le hubiese reportado una ganancia de 28 euros» , según hacía constar el fiscal ,que a pesar de la escasa cantidad no se cortó ni un pelo en solicitar para el acusado, nada menos que dos años y medio de prisión. Por pedir que no quede...

El procesado, defendido por el penalista Ramón Sierra, negó los hechos que le imputaban. A preguntas del fiscal, respondió que la droga que le habían intervenido era para su propio consumo. Faltaba la declaración de su ex mujer, que en el 2006 lo había denunciado por tráfico de droga. Pero llegado el momento, se retractó, negándose a seguir declarando. Ante esta situación, y como nadie había visto al imputado vender droga alguna, el juez lo absolvió en el momento.También encontraron 1.900 euros, que entonces se pensó que procedían de actividades delictivas. En la misma fecha, según aseguraba el fiscal, los agentes ocuparon en una finca propiedad del suegro del procesado, ubicada en Cambre, siete plantas de cannabis, que el procesado había plantado, según el atestado policial, algo que finalmente se desbarató en el juicio.

En estos tiempos de crisis y de recortes, no estaría de más que nuestro sistema judicial se pusiera de acuerdo con los funcionarios de interior y estos a su vez con el ministerio de Industría. Por que es de locos que este ministerio autorice la venta de semillas de cánnabis, para que luego vengan los agentes de la autoridad a utilizarlas en un proceso que a todas luces salen perdido en favor del acusado. Podrían, y no es mas que una sugerencia, ahorrarnos a los ciudadanos los elevados costes de un inútil proceso judicial, aparte de poder dedicar el precioso tiempo de los magistrados en perseguir y castigar esos delitos, sobre todo económicos, que de verdad provocan alarma social y no perder el tiempo con las falsas acusaciones de una mujer despechada.

Fuente:La Voz de Galicia