No es habitual que la ONU mantenga discrepancias en los asuntos internos de sus estados miembros y muchos menos con los Estados Unidos, por razones obvias. Siendo el país que aloja a dicha organización y sobre todo su principal proveedor de fondos no sería práctico. Pero un organismo, de los muchos que forman parte de esa esclerótica organización mal llamada "Naciones Unidas" está muy "enfadado" con el gobierno estadounidense. Se trata de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y le ha enviado un serio aviso a los dirigentes de Washington.

La preocupación de la JIFE radica en las nuevas leyes estatales sobre el consumo de cánnabis con fines medicinales que han promulgado en Alaska, California, Colorado, Hawái, Maine, Michigan, Montana, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington. En su último informe anual, publicado hace unas semanas advierte amenazadoramente:

"Aunque de acuerdo con la legislación federal de los Estados Unidos el consumo y el cultivo del cannabis, salvo con fines científicos, son actividades ilícitas, varios estados han promulgado leyes que autorizan el 'uso terapéutico' del cannabis. Las medidas de fiscalización aplicadas en esos estados al cultivo de plantas de cannabis y a la producción, distribución y empleo del cannabis se apartan de los requisitos de fiscalización establecidos en la Convención de 1961 (sobre narcóticos)".

"Para la Junta es motivo de profunda preocupación el hecho de que esas deficientes disposiciones de fiscalización hayan contribuido en gran medida al aumento del cultivo ilícito y el abuso del cannabis en los Estados Unidos. Además, esa nueva normatividad hace que otros países se formen una idea errónea".

Las preocupaciones de dicha Junta no acaban aquí. También está angustiada por "el debate en curso en varios estados federales acerca de la legalización y gravamen fiscal del uso 'recreacional' del cannabis". California, el estado más poblado de Estados Unidos, se destaca en esta discusión. A mediados de febrero, un legislador de California, Tom Ammiamo, introdujo un proyecto que impondría impuestos y regularía la marihuana (que según la mayoría de estimaciones es de lejos el mayor cultivo del estado) de la misma manera que el alcohol.

Aunque todo parece indicar que tras los fracasos de otros organismos de la ONU, su reprimenda va camino de convertirse en papel mojado, este comunicado traerá algunas consecuencias. Ya hemos sufrido los efectos de las últimas paranoias de la OMS y su gripe R2D2 (¿o era C3PO?), estupendamente teledirigidas por los laboratorios farmaceuticos. Tampoco podemos olvidar el eterno fracaso de la FAO en su lucha contra el hambre o si queremos ir más allá, la sangrienta cobardía de los Cascos Azules durante la matanza de Srebeniska, en 1985 cuando ocho mil civiles fueron masacrados estando bajo la protección de la ONU, en territorio de la antigua Yugoslavia. Y desde luego para lo que no sirvió fue para impedir que Irak fuera victima de una brutal invasión por motivos económicos.

¿Que intereses espurios está defendiendo la ONU? Podemos adivinarlo, pues aparte de los manipulables moralistas, es evidente que son los grandes intereses ecónomicos que ha generado la prohibición, los responsables de la situación actual. A raiz de la Convención de 1961 sobre estufacientes (donde entre otras barbaridades equiparaba al cánnabis con la heroína)grandes sumas de dinero a cargo de fondos públicos han pasado a manos de elites de funcionarios bien pagados y con poder, que han hecho lo imposible por defender sus privilegios y estipendios.

Son estos intereses los que hacen que un organismo, como esta JIFE vea con temor la perdida o la posible reducción de esas gigantescas partidas presupuestarias que reclaman año tras año, si como todo parece indicar, el cánnabis se convierte en una substancia comercial más y legislada como tal. Necesitan de un enemigo , les da igual que sea verde o que lleve turbante, para hacernos sentir amenazados y con ello exigir enormes sumas de dinero público. Es la misma guerra que mantienen los policías de narcóticos o los fiscales anti-droga, colectivos que se sienten perjudicados por los derechos y libertades de los ciudadanos que contribuyen con sus impuestos a costear sus campañas y salarios.